El endeudamiento compromete 49% de las participaciones federales; el gobierno estatal difiere en sus propias cifras
CIUDAD DE MÉXICO, 11 de enero.- El gobierno priista de Zacatecas aumenta su endeudamiento: ha tramitado empréstitos a corto plazo, saltándose al Congreso local.
El gobernador Miguel Alonso Reyes contrató créditos a 12 meses por mil 750 millones de pesos. Este esquema le permite evitar reportarlo al Congreso del estado y superar el límite autorizado en junio del año pasado.
Esto significa que el gobierno de Alonso Reyes ha comprometido de manera irrevocable el equivalente a 49% de sus participaciones federales para pago de deuda.
El 6 de julio de 2011, el Congreso estatal decidió que la entidad contratara, a lo sumo, cuatro mil 898 millones de pesos en créditos más gastos y comisiones.
El gobierno estatal priista, además, no es consistente en sus versiones.
El secretario de Finanzas estatal, Alejandro Tello Cristerna, argumenta que la deuda originada en la pasada administración es de tres mil 198 millones de pesos, pese a que el saldo registrado en la página web de Hacienda era de 718 millones.
Toda esta situación ha repercutido en la calificación crediticia del estado. En septiembre pasado, la calificadora Fitch colocó el riesgo en BB+ con perspectiva estable: “El uso intensivo y recurrente de líneas de crédito ha presionado de manera significativa la posición de liquidez del estado”.
CIUDAD DE MÉXICO, 11 de enero.- El gobierno priista de Zacatecas aumenta su endeudamiento: ha tramitado empréstitos a corto plazo, saltándose al Congreso local.
El gobernador Miguel Alonso Reyes contrató créditos a 12 meses por mil 750 millones de pesos. Este esquema le permite evitar reportarlo al Congreso del estado y superar el límite autorizado en junio del año pasado.
Esto da un total de endeudamiento de Zacatecas, a corto y largo plazo, de siete mil 408 millones de pesos, confirmado por los contratos bancarios registrados, incluyendo deuda municipal y de organismos.
Esto significa que el gobierno de Alonso Reyes ha comprometido de manera irrevocable el equivalente a 49% de sus participaciones federales para pago de deuda.
El gobierno estatal priista, además, no es consistente en sus versiones.
El secretario de Finanzas estatal, Alejandro Tello Cristerna, argumenta que la deuda originada en la pasada administración es de tres mil 198 millones de pesos, pese a que el saldo registrado en la página web de Hacienda era de 718 millones.
Y hay más inconsistencias: la actual administración se querelló contra el pasado gobierno (encabezado por la perredista Amalia García) argumentando que la deuda no explicada asciende a dos mil 200 millones de pesos, cifra que difiere de la ahora argumentada por Tello Cristerna.
Toda esta situación ha repercutido en la calificación crediticia del estado. En septiembre pasado, la calificadora Fitch colocó el riesgo en BB+ con perspectiva estable: “El uso intensivo y recurrente de líneas de crédito ha presionado de manera significativa la posición de liquidez del estado”.
Deuda de corto plazo golpea a Zacatecas
Aumenta más el endeudamiento en el gobierno priista de Zacatecas, pero esta vez de corto plazo y saltándose al Congreso.
Ante la presión del gasto corriente, el gobernador Miguel Alonso Reyes contrató otros créditos a 12 meses por mil 750 millones de pesos (en dos tramos, uno de mil 500 millones de pesos y otro de 250 millones de pesos), con lo que evita reportarlo al Congreso del Estado y superar el límite autorizado en junio del año pasado.
Esto para sortear sus necesidades de liquidez. El crédito lo concedió y pagó Banco Interacciones.
Fuentes bancarias confirmaron que este financiamiento no entra en los cuatro mil 898 millones de pesos que autorizó el Congreso al gobierno del priista Miguel Alonso Reyes, porque es crédito de corto plazo, pero que por los cambios en las reglas de registro que impuso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el banco tiene obligación de enterar y reservar.
Según la Ley de Deuda Pública vigente, el artículo sexto reformado en junio de 2011, “no constituirá deuda pública estatal o municipal las obligaciones directas a corto plazo contratados con la banca de desarrollo o, en su caso, la comercial a corto plazo, que se pacte por el Poder Ejecutivo Estatal, así como por los municipios, para solventar necesidades temporales de flujo de caja, cuyos vencimientos y liquidación se realicen en el mismo periodo constitucional que les corresponde”.
“Esperemos que se cubran los plazos y montos de pago. Tendrá que liquidarse o al final habrá otra reestructura para patearlo hacia adelante como le hicieron Bancomer y Banorte con los otros créditos que estaban por ser considerados vencidos”, comentó una fuente enterada del proceso de reestructuración al que se ha sujetado la deuda de Zacatecas.
La deuda contratada con Banorte por tres mil millones de pesos y Bancomer por 750 millones de pesos, se contrató a 15 y 17 años entre octubre y diciembre, y el último mes del año pasado Banobras autorizó 800 millones de pesos, que aún no han sido ejercidos por el estado.
En enero de este año se negoció con Interacciones los dos créditos comentados que suman mil 750 millones de pesos. Esto da un total de endeudamiento de Zacatecas a corto y largo plazo con bancos y pasivos con municipios y organismos por siete mil 408 millones de pesos, de acuerdo con la información registrada.
Según el presupuesto de egresos de este año, antes de tomar el crédito de corto plazo que tendrá que pagarse en servicio y liquidarse antes de concluir el ejercicio, se estarían destinando 500 millones de pesos al pago de la deuda, superior al presupuesto de la Universidad Autónoma de Zacatecas y apenas lo suficiente por haber mantenido el cobro de la tenencia vehicular.
Lo que llama la atención es que en la Ley de Ingresos, se autorizó un endeudamiento adicional para 2012 al contraído el año pasado por dos mil 597.5 millones de pesos, monto extraordinario si se considera que se está proponiendo un presupuesto de gasto “austero”. (Periódico de Zacatecas Tomo CXXI, Decreto No. 290 Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2012).
Hasta el 31 de diciembre, la estimación de la deuda pública total de Zacatecas, incluyendo deuda municipal y de organismos, era de cinco mil 658 millones de pesos, y por la restructuración de créditos y nuevos créditos contratados y respaldados con participaciones federales se estima que el gobierno del priista Miguel Alonso Reyes ha comprometido de manera irrevocable 49 por ciento de sus participaciones federales para el pago del servicio de su deuda.
Por lo anterior y tomando en cuenta que el saldo estimado y registrado ante Hacienda y la CNBV como deuda total del Estado asciende a cinco mil 658 millones de pesos, se observa una diferencia superior en 688 por ciento respecto a lo que se informó en Hacienda, y de 407 por ciento respecto a lo reportado a la CNBV, lo que evidencia la falta de transparencia y detalle de la deuda zacatecana.
La danza de los millones
El monto, registro y transparencia en el destino de la deuda pública zacatecana es evidente. El secretario de Finanzas, Alejandro Tello Cristerna, sostiene que el incremento de la deuda registrado entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 es impreciso, pues argumenta que tres mil 198 millones de pesos es deuda originada en la pasada administración y que no había sido documentada como tal en el registro público de deuda en la SHCP.
Sin embargo, el saldo registrado y consultado por Excélsior en la páginaweb de Hacienda era de 718 millones de pesos (correspondiente al gobierno del estado, municipios y organismos), en tanto que el saldo reportado por las instituciones financieras a la CNBV ascendía a mil 117 millones de pesos.
Suponiendo que con los tres mil millones de pesos del crédito Banorte se restructuró el débito contraído durante la administración de la perredista Amalia García (lo que no consta en registro pero argumenta el gobierno estatal), solo en el último trimestre habría contratado nuevos créditos bancarios por dos mil 500 millones de pesos, aproximadamente 13 por ciento del gasto autorizado para 2011, lo que resulta incompatible con el impago puntual de la segunda parte del aguinaldo a maestros y burócratas zacatecanos.
También es cierto que en la información del registro hacendario no está registrado el PPS de Ciudad Gobierno, la que tenía un adeudo con ICA del hospital por 300 millones de pesos que está vencido, pero cuyo registro suma 813 millones de pesos por el costo total de la obra contratada en la administración de Amalia García, pero es casi cuatro veces inferior al monto que le asigna la actual administración.
De hecho, la danza de la cifras es tal, que la denuncia que el gobierno de Zacatecas presentó contra la perredista, y por la cual obtuvo un amparo con suspensión, se establece que la deuda no explicada asciende a dos mil 200 millones de pesos y, ahora, el secretario de Finanzas sostiene que heredaron deuda no registrada por cerca de tres mil 198 millones de pesos. Algo no cuadra.
Zacatecas es una de las entidades de mayor atraso en materia de competitividad y transparencia presupuestal, según el IMCO, y en su portal no hay información que detalle el origen y uso de los recursos públicos.
El nuevo endeudamiento
Hasta ahora se han contratado dos créditos a largo plazo por tres mil 750 millones de pesos, y uno más ha sido autorizado por 800 millones de pesos con Banobras. En deuda de corto plazo el contrato conocido es por mil 750 millones de pesos a 12 meses.
El pasado 16 de noviembre contrató con Banorte deuda por tres mil millones de pesos a 16 años, y paga a una tasa de interés compuesta por la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) a 28 días más 170 puntos base. Tiene cláusulas que le obligan a realizar un fuerte ajuste financiero y a mejorar sus ingresos fiscales, particularmente la recaudación propia, pero con la eliminación de la tenencia pareciera que el objetivo presionará al gobierno zacatecano.
Es pagadero a través de un solo fideicomiso (Invex F/1121), al cual Zacatecas afectó un total de 30% de sus ingresos del fondo general de participaciones, mediante una instrucción irrevocable a la Tesorería de la Federación.
En el caso de Bancomer, suscribió un crédito de 750 millones de pesos a 15 años de plazo y dos de gracia con tasa de TIIE 28 días más 160 puntos base, y como fuente de garantía y pago del servicio de la deuda (intereses y capital) del presente crédito, Zacatecas afectó 8.5% del Fondo General de Participaciones que le corresponde al estado.
En este último caso, la contratación del crédito incluyó el cumplimiento de “covenants”, o clausulas obligatorias sujetas a indicadores financieros que de no respetarse conllevaría al repago anticipado e inmediato de los pasivos.
A partir de 2015 el gasto operacional sobre ingresos fiscales debe bajar 70 por ciento, el servicio de deuda sobre ingresos fiscales ordinarios por debajo de 75 por ciento y el servicio de deuda sobre ingresos fiscales operativos por debajo de 13 por ciento, además de que no puede contratar más del 33 por ciento de sus ingresos fiscales en deuda de corto plazo y proveedores.
El decreto de autorización del 6 de julio del Congreso del Estado para que la entidad contratara hasta cuatro mil 898 millones de pesos en créditos más gastos y comisiones, no incluyó ningún compromiso de ajuste al gasto o de revisión y mejora de la estructura de ingresos, y por el contrario, ante la apremiante contingencia por sequía, la entidad podría contratar todavia más crédito (cupón cero) y destinar más de 50 por ciento de participaciones federales a pagar deuda.
Según la SHCP la proporción que destinaba a septiembre del 2011 de participaciones federales para servir la deuda era de 16.1 por ciento.
Evidentemente la reestructura realizada, aunque es positiva porque lleva a largo plazo el monto de la deuda, en general requirió afectar más participaciones y se sumó al compromiso de evitar que el proceso de impago selectivo con el que inició la administración se generalizara, pero no cambia el hecho de que la calificación crediticia de la entidad sigue siendo de “alto riesgo”.
Debilidad crediticia
En septiembre 28, Fitch calificó el riesgo en BB+ con perspectiva estable, indicando que en esa fecha, la deuda pública de Zacatecas totalizaba mil 760.7 millones de pesos, de los cuales mil 228.6 millones de pesos correspondían a deuda de corto plazo y el resto a créditos con vencimientos entre 2013 y 2014. Se supone que esta información se validó con el gobierno del Estado que ahora dice que la deuda a esa fecha heredada de la anterior administración era casi el doble.
La calificadora señala también en su reporte que la deuda de largo plazo “se ha mantenido en niveles bajos históricamente”; pero que “el uso intensivo y recurrente de líneas de crédito revolventes a partir de 2009 ha presionado de manera significativa la posición de liquidez del estado para hacer frente a los balances deficitarios de los últimos tres ejercicios”.
Y agregaba que la entidad “cuenta con ofertas por parte de la banca para formalizar un proceso de reestructura autorizado por el Congreso Estatal en julio del presente año (Decreto 206) por hasta cuatro mil 897.8 mdp. La autorización contempla la reestructura de la PPS de Ciudad Gobierno, el reestructurar la deuda de corto plazo y la realización de infraestructura en proyectos estratégicos, fortalecimiento municipal y seguridad pública”.
Con todo y reestructura, Fitch estimaba que al concretarse el nivel de endeudamiento del estado representaría 0.83 veces (x) los Ingresos Fiscales Ordinarios, y 4.78x el ahorro interno presupuestado para 2011.
Una vez terminado el periodo de gracia, que pudiera ser de hasta tres años, el indicador de sostenibilidad (servicio de la deuda) podría oscilar entre 35 y 50% del ahorro presupuestado.
Y concluía señalando que los indicadores con todo y reestructura “son elevados, por lo que el fortalecimiento en la flexibilidad financiera de la entidad es indispensable para observar indicadores manejables”, o sea, que requieren iniciar un plan de ajuste que estabilice su déficit financiero, y eso sin contar la presión de las pensiones.
Por su parte, la calificadora de deuda Moody’s, el 23 de noviembre, después de la reestructura de Banorte y previa a la de Bancomer, calificó con Baa3mx y B1 a Zacatecas, siendo la calidad crediticia más baja de las que ha emitido para entidades federativas esta calificadora. También le da perspectiva estable.
Concluye que “la posición de Zacatecas respecto a sus pares nacionales refleja una débil cultura crediticia y deficientes prácticas de gobierno interno”.
Dice que como “resultado de los recientes desequilibrios fiscales, Zacatecas mantiene negativos niveles de liquidez.
De hecho, ni las reestructuraciones con los bancos mencionados le permitieron resolver el problema de liquidez.
De ahí que solicitara la reasignación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de una partida rural para cubrir la segunda parte del aguinaldo a los maestros.
Fuente: Excelsior
Aumenta más el endeudamiento en el gobierno priista de Zacatecas, pero esta vez de corto plazo y saltándose al Congreso.
Ante la presión del gasto corriente, el gobernador Miguel Alonso Reyes contrató otros créditos a 12 meses por mil 750 millones de pesos (en dos tramos, uno de mil 500 millones de pesos y otro de 250 millones de pesos), con lo que evita reportarlo al Congreso del Estado y superar el límite autorizado en junio del año pasado.
Esto para sortear sus necesidades de liquidez. El crédito lo concedió y pagó Banco Interacciones.
Fuentes bancarias confirmaron que este financiamiento no entra en los cuatro mil 898 millones de pesos que autorizó el Congreso al gobierno del priista Miguel Alonso Reyes, porque es crédito de corto plazo, pero que por los cambios en las reglas de registro que impuso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el banco tiene obligación de enterar y reservar.
Según la Ley de Deuda Pública vigente, el artículo sexto reformado en junio de 2011, “no constituirá deuda pública estatal o municipal las obligaciones directas a corto plazo contratados con la banca de desarrollo o, en su caso, la comercial a corto plazo, que se pacte por el Poder Ejecutivo Estatal, así como por los municipios, para solventar necesidades temporales de flujo de caja, cuyos vencimientos y liquidación se realicen en el mismo periodo constitucional que les corresponde”.
“Esperemos que se cubran los plazos y montos de pago. Tendrá que liquidarse o al final habrá otra reestructura para patearlo hacia adelante como le hicieron Bancomer y Banorte con los otros créditos que estaban por ser considerados vencidos”, comentó una fuente enterada del proceso de reestructuración al que se ha sujetado la deuda de Zacatecas.
La deuda contratada con Banorte por tres mil millones de pesos y Bancomer por 750 millones de pesos, se contrató a 15 y 17 años entre octubre y diciembre, y el último mes del año pasado Banobras autorizó 800 millones de pesos, que aún no han sido ejercidos por el estado.
En enero de este año se negoció con Interacciones los dos créditos comentados que suman mil 750 millones de pesos. Esto da un total de endeudamiento de Zacatecas a corto y largo plazo con bancos y pasivos con municipios y organismos por siete mil 408 millones de pesos, de acuerdo con la información registrada.
Según el presupuesto de egresos de este año, antes de tomar el crédito de corto plazo que tendrá que pagarse en servicio y liquidarse antes de concluir el ejercicio, se estarían destinando 500 millones de pesos al pago de la deuda, superior al presupuesto de la Universidad Autónoma de Zacatecas y apenas lo suficiente por haber mantenido el cobro de la tenencia vehicular.
Lo que llama la atención es que en la Ley de Ingresos, se autorizó un endeudamiento adicional para 2012 al contraído el año pasado por dos mil 597.5 millones de pesos, monto extraordinario si se considera que se está proponiendo un presupuesto de gasto “austero”. (Periódico de Zacatecas Tomo CXXI, Decreto No. 290 Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2012).
Hasta el 31 de diciembre, la estimación de la deuda pública total de Zacatecas, incluyendo deuda municipal y de organismos, era de cinco mil 658 millones de pesos, y por la restructuración de créditos y nuevos créditos contratados y respaldados con participaciones federales se estima que el gobierno del priista Miguel Alonso Reyes ha comprometido de manera irrevocable 49 por ciento de sus participaciones federales para el pago del servicio de su deuda.
Por lo anterior y tomando en cuenta que el saldo estimado y registrado ante Hacienda y la CNBV como deuda total del Estado asciende a cinco mil 658 millones de pesos, se observa una diferencia superior en 688 por ciento respecto a lo que se informó en Hacienda, y de 407 por ciento respecto a lo reportado a la CNBV, lo que evidencia la falta de transparencia y detalle de la deuda zacatecana.
La danza de los millones
El monto, registro y transparencia en el destino de la deuda pública zacatecana es evidente. El secretario de Finanzas, Alejandro Tello Cristerna, sostiene que el incremento de la deuda registrado entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 es impreciso, pues argumenta que tres mil 198 millones de pesos es deuda originada en la pasada administración y que no había sido documentada como tal en el registro público de deuda en la SHCP.
Sin embargo, el saldo registrado y consultado por Excélsior en la páginaweb de Hacienda era de 718 millones de pesos (correspondiente al gobierno del estado, municipios y organismos), en tanto que el saldo reportado por las instituciones financieras a la CNBV ascendía a mil 117 millones de pesos.
Suponiendo que con los tres mil millones de pesos del crédito Banorte se restructuró el débito contraído durante la administración de la perredista Amalia García (lo que no consta en registro pero argumenta el gobierno estatal), solo en el último trimestre habría contratado nuevos créditos bancarios por dos mil 500 millones de pesos, aproximadamente 13 por ciento del gasto autorizado para 2011, lo que resulta incompatible con el impago puntual de la segunda parte del aguinaldo a maestros y burócratas zacatecanos.
También es cierto que en la información del registro hacendario no está registrado el PPS de Ciudad Gobierno, la que tenía un adeudo con ICA del hospital por 300 millones de pesos que está vencido, pero cuyo registro suma 813 millones de pesos por el costo total de la obra contratada en la administración de Amalia García, pero es casi cuatro veces inferior al monto que le asigna la actual administración.
De hecho, la danza de la cifras es tal, que la denuncia que el gobierno de Zacatecas presentó contra la perredista, y por la cual obtuvo un amparo con suspensión, se establece que la deuda no explicada asciende a dos mil 200 millones de pesos y, ahora, el secretario de Finanzas sostiene que heredaron deuda no registrada por cerca de tres mil 198 millones de pesos. Algo no cuadra.
Zacatecas es una de las entidades de mayor atraso en materia de competitividad y transparencia presupuestal, según el IMCO, y en su portal no hay información que detalle el origen y uso de los recursos públicos.
El nuevo endeudamiento
Hasta ahora se han contratado dos créditos a largo plazo por tres mil 750 millones de pesos, y uno más ha sido autorizado por 800 millones de pesos con Banobras. En deuda de corto plazo el contrato conocido es por mil 750 millones de pesos a 12 meses.
El pasado 16 de noviembre contrató con Banorte deuda por tres mil millones de pesos a 16 años, y paga a una tasa de interés compuesta por la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) a 28 días más 170 puntos base. Tiene cláusulas que le obligan a realizar un fuerte ajuste financiero y a mejorar sus ingresos fiscales, particularmente la recaudación propia, pero con la eliminación de la tenencia pareciera que el objetivo presionará al gobierno zacatecano.
Es pagadero a través de un solo fideicomiso (Invex F/1121), al cual Zacatecas afectó un total de 30% de sus ingresos del fondo general de participaciones, mediante una instrucción irrevocable a la Tesorería de la Federación.
En el caso de Bancomer, suscribió un crédito de 750 millones de pesos a 15 años de plazo y dos de gracia con tasa de TIIE 28 días más 160 puntos base, y como fuente de garantía y pago del servicio de la deuda (intereses y capital) del presente crédito, Zacatecas afectó 8.5% del Fondo General de Participaciones que le corresponde al estado.
En este último caso, la contratación del crédito incluyó el cumplimiento de “covenants”, o clausulas obligatorias sujetas a indicadores financieros que de no respetarse conllevaría al repago anticipado e inmediato de los pasivos.
A partir de 2015 el gasto operacional sobre ingresos fiscales debe bajar 70 por ciento, el servicio de deuda sobre ingresos fiscales ordinarios por debajo de 75 por ciento y el servicio de deuda sobre ingresos fiscales operativos por debajo de 13 por ciento, además de que no puede contratar más del 33 por ciento de sus ingresos fiscales en deuda de corto plazo y proveedores.
El decreto de autorización del 6 de julio del Congreso del Estado para que la entidad contratara hasta cuatro mil 898 millones de pesos en créditos más gastos y comisiones, no incluyó ningún compromiso de ajuste al gasto o de revisión y mejora de la estructura de ingresos, y por el contrario, ante la apremiante contingencia por sequía, la entidad podría contratar todavia más crédito (cupón cero) y destinar más de 50 por ciento de participaciones federales a pagar deuda.
Según la SHCP la proporción que destinaba a septiembre del 2011 de participaciones federales para servir la deuda era de 16.1 por ciento.
Evidentemente la reestructura realizada, aunque es positiva porque lleva a largo plazo el monto de la deuda, en general requirió afectar más participaciones y se sumó al compromiso de evitar que el proceso de impago selectivo con el que inició la administración se generalizara, pero no cambia el hecho de que la calificación crediticia de la entidad sigue siendo de “alto riesgo”.
Debilidad crediticia
En septiembre 28, Fitch calificó el riesgo en BB+ con perspectiva estable, indicando que en esa fecha, la deuda pública de Zacatecas totalizaba mil 760.7 millones de pesos, de los cuales mil 228.6 millones de pesos correspondían a deuda de corto plazo y el resto a créditos con vencimientos entre 2013 y 2014. Se supone que esta información se validó con el gobierno del Estado que ahora dice que la deuda a esa fecha heredada de la anterior administración era casi el doble.
La calificadora señala también en su reporte que la deuda de largo plazo “se ha mantenido en niveles bajos históricamente”; pero que “el uso intensivo y recurrente de líneas de crédito revolventes a partir de 2009 ha presionado de manera significativa la posición de liquidez del estado para hacer frente a los balances deficitarios de los últimos tres ejercicios”.
Y agregaba que la entidad “cuenta con ofertas por parte de la banca para formalizar un proceso de reestructura autorizado por el Congreso Estatal en julio del presente año (Decreto 206) por hasta cuatro mil 897.8 mdp. La autorización contempla la reestructura de la PPS de Ciudad Gobierno, el reestructurar la deuda de corto plazo y la realización de infraestructura en proyectos estratégicos, fortalecimiento municipal y seguridad pública”.
Con todo y reestructura, Fitch estimaba que al concretarse el nivel de endeudamiento del estado representaría 0.83 veces (x) los Ingresos Fiscales Ordinarios, y 4.78x el ahorro interno presupuestado para 2011.
Una vez terminado el periodo de gracia, que pudiera ser de hasta tres años, el indicador de sostenibilidad (servicio de la deuda) podría oscilar entre 35 y 50% del ahorro presupuestado.
Y concluía señalando que los indicadores con todo y reestructura “son elevados, por lo que el fortalecimiento en la flexibilidad financiera de la entidad es indispensable para observar indicadores manejables”, o sea, que requieren iniciar un plan de ajuste que estabilice su déficit financiero, y eso sin contar la presión de las pensiones.
Por su parte, la calificadora de deuda Moody’s, el 23 de noviembre, después de la reestructura de Banorte y previa a la de Bancomer, calificó con Baa3mx y B1 a Zacatecas, siendo la calidad crediticia más baja de las que ha emitido para entidades federativas esta calificadora. También le da perspectiva estable.
Concluye que “la posición de Zacatecas respecto a sus pares nacionales refleja una débil cultura crediticia y deficientes prácticas de gobierno interno”.
Dice que como “resultado de los recientes desequilibrios fiscales, Zacatecas mantiene negativos niveles de liquidez.
De hecho, ni las reestructuraciones con los bancos mencionados le permitieron resolver el problema de liquidez.
De ahí que solicitara la reasignación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de una partida rural para cubrir la segunda parte del aguinaldo a los maestros.
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